En el mundo virtual (online) aún hay mucho recorrido en lo que se refiere a aspectos legales. Las nuevas tecnologías han permitido que muchos emprendedores se beneficien de sus ventajas como el abaratamiento de los costes por tener un negocio online, un comercio electrónico, la publicidad online, el marketing online…
El hecho de crear una tienda online, permite al gerente de la tienda online ahorrase gastos como el alquiler o compra de un local, contratar personal, sistemas de gestión del stock, etc. Aspectos que puede gestionar con un sólo clic desde su ordenador, senzillo y rápido gracias a las plataformas de comercio electrónico (como PrestaShop, OsCommerce…)
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque sea de forma online, también estamos ejerciendo una actividad económica, y por lo tanto debemos seguir los trámites legales oportunos para llevarla a cabo. Existen varias opciones para empezar a ejercer esta actividad online:
1. La constitución de una sociedad, que estará determinada por el capital aportado. Si no queremos formar parte de una sociedad, siempre podemos ejercer nuestra actividad simplemente como un autónomo dado de alta en el RETA (Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social). Como dato a tener en cuenta, la legislación vigente establece que no es necesario darse de alta en el RETA si los beneficios de una tienda online no superan el Salario Mínimo Interprofesional Anual. Aunque no se esté dado de alta en el RETA, debes seguir tus obligaciones fiscales y pagar El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el IVA, etc.
2. Normas vigentes de tu tienda online. Hay diferentes leyes a tener en cuenta antes de abrir tu tienda online:
– Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en España (LSSICE): está en vigor desde el año 2002 y va dirigida a los propietarios de sitios web o tiendas virtuales, a quienes obliga a cumplir con una serie de requisitos específicos. Determina la publicación de una serie de datos e información, para la protección de los clientes: nombre o denominación social, domicilio social de la empresa, dirección de correo electrónico, número de identificación fiscal, datos de inscripción en el registro mercantil o profesional, códigos de conductas a los que se adhiere la empresa y su acceso. Además, la LSSICE prohíbe enviar correos electrónicos publicitarios no solicitados o sin el consentimiento del cliente (spam) y obliga a facilitar al cliente información detallada sobre el proceso de contratación electrónica mediante el cual se adquiere el bien vendido.
– Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD): esta ley obliga a todas las empresas, profesionales, incluso particulares, etc., que dispongan de archivos de carácter personal de terceras personas, a darse de alta ante la Agencia de Protección de Datos. Por tanto, las tiendas virtuales que utilizan el pago electrónico, además de sistemas de registro online, etc.
– Ley de ordenación del comercio minorista. Esta ley regula las ventas a distancia, sin presencia física simultánea entre ambas partes. Se refiere a los plazos de ejecución de las transacciones y pagos, al derecho a desistir de la operación y regula los pagos con tarjeta de crédito. Para actuar conforme a la misma, basta con incluir determinada información y cumplir con algunas condiciones: información detallada del producto (proveedor, características, precio, gastos de envío, forma de pago, modalidades de entrega y validez de la oferta), plazos de pedido (envío y recepción), derecho de desistimiento (el comprador podrá desistir libremente del contrato dentro del plazo de 7 días contados desde la fecha de recepción del producto, excepto con productos de uso inmediato, como los de higiene corporal o similar que no puedan ser devueltos).
– Ley de Propiedad Intelectual (LPI): recoge el conjunto de los derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión…) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación.
3. Los precios de los productos deben estar visibles con o sin impuestos. Los gastos de envío también deben especificarse en el precio. Así como especificar los pasos del proceso de compra, si hay más de uno.
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